Bloomberg Línea — La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó este martes 1 de septiembre, en primera legislatura, una reforma constitucional que excluye a los partidos de oposición de competir por cargos de elección popular. La reforma fue impulsada por Daniel Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo.
La votación se realizó durante una sesión especial en la ciudad de León, en el marco del inicio del Mes Patrio. Gustavo Porras, presidente de la Asamblea, confirmó que el parlamento “aprobó por unanimidad” la reforma, que también amplía el mandato presidencial de seis a siete años.
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De acuerdo con un comunicado de la Asamblea Nacional de Nicaragua, la reforma busca reafirmar conceptos de soberanía, dignidad, libertad, estabilidad y seguridad del país. Además, es presentada como una garantía de derechos relacionados con salud, educación y merienda escolar.
Esta medida aún no entrará en vigor, ya que, según la legislación nicaragüense, las modificaciones constitucionales deben ser aprobadas en dos legislaturas diferentes. La segunda ratificación está prevista para comenzar en enero de 2027.
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Recientemente, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución para convocar “tan pronto como sea posible” a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores con el fin de analizar la situación en Nicaragua y evaluar acciones conjuntas.
La decisión se dio después de las declaraciones realizadas por Daniel Ortega durante el acto oficial por el 47º aniversario de la Revolución Sandinista, celebrado el pasado 19 de julio, cuando afirmó que “aquí no volverá a haber elecciones” para que la oposición intente “atrapar el gobierno, atrapar el poder”.
Las declaraciones de Ortega se producen en medio de una percepción ciudadana marcada por la incertidumbre y el pesimismo. Un sondeo de Hagamos Democracia, realizado en julio de 2025 a 400 personas en 40 municipios de Nicaragua, encontró que el 97% de los encuestados tenía una visión pesimista sobre el futuro del país y el 98% consideraba que el gobierno se preparaba para una sucesión dinástica. Además, el 92,25% afirmó haber detectado vigilancia en su comunidad.
